Pleno 14 diciembre 2012 – Moción contra la privatización de la Sanidad Pública

El Gobierno de la Comunidad de Madrid presentó el pasado 31 de octubre, unos presupuestos de Sanidad para el 2013, nuevamente caracterizados por un fuerte carácter anti-social que, en pocos días, han sido objeto de una gran contestación social por parte de numerosas entidades ciudadanas y colectivos de profesionales sanitarios, incluido el encierro en 8 hospitales, ya que suponen la privatización como forma gestionar la sanidad pública de nuestra región, excluyendo de sus prestaciones a las personas con menos recursos y mayores problemas de salud, a través del llamado “euro por receta”.

         Los presupuestos sanitarios de la Comunidad de Madrid, un 4,9% menos que el año anterior en una dotación ya de por sí mermada,  sitúan a nuestra Comunidad desde hace años por debajo de la media del resto de CCAA  en gasto sanitario (142 € menos por persona y año en 2012), muy alejada de la comunidad con mayor inversión por persona que es Extremadura (1.692 €), situándose, por tanto, a la cola de este gasto. Sólo Baleares y la Comunidad de Valenciana, gobernadas también por el Partido Popular, invierten menos en la sanidad de su ciudadanía que Madrid.

         Para el próximo año se propone que la iniciativa privada gestione los hasta ahora hospitales públicos Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Tajo, Sureste y Henares. Esta infrapresupuestación crónica, unido a los sobrecostes de la privatización, produce que en el año 2011 hubiera una deuda sanitaria de más de 1.700 millones €.

         La medida “estrella” de la Comunidad de Madrid es el cobro de una tasa por receta a toda la población. Un auténtico impuesto a la enfermedad, que excede de las competencias de la Comunidad de Madrid y solo es una atribución del Ministerio de Sanidad y el Gobierno, tal y como establecen la Ley

General de Sanidad, Ley del Medicamento y Ley de Cohesión, que muchas entidades sociales han anunciado que la impugnarán, si llega a aprobarse, ante los tribunales de justicia.

         Es una medida injusta porque penaliza de manera especial a las personas con menos recursos y a las más enfermas que pagaran más, y en muchos casos se verán impedidas, por falta de recursos, a tener acceso a unos medicamentos que precisa para preservar su salud, y en algunos casos su vida. Además, no resuelve ningún problema de financiación del sistema pues, como el propio Gobierno reconoce, su impacto será mínimo.

         El argumentario del Gobierno Regional a favor de esta injusta y descabellada medida, es totalmente falso, ni hay 45 millones de medicamentos en los domicilios de los madrileños, ni la medida puede ser disuasoria porque estamos hablando de medicamentos recetados por médicos del Servicio Madrileño de Salud a enfermos que los necesitan para su tratamiento. Si a alguien disuaden será a quienes carezcan de recursos económicos, siendo así una medida profundamente inequitativa y que arremete contra quienes sufren una enfermedad.

         Además, en los presupuestos sanitarios incluyen:

  • Externalizar la gestión de un 10% de los 400 centros de salud de la Comunidad, a través de contratos con empresas del sector sanitario, fundaciones o cooperativas de profesionales sanitarios.
  • Privatización de los servicios no sanitarios (cocinas, lavandería o mantenimiento) que hasta ahora se desarrollaban directamente por personal de la Comunidad de Madrid.
  • Conversión de dos hospitales de referencia como La Princesa y Carlos III en un centro especializado en personas mayores y en un centro para medias y largas estancias, sin especificar las posibles alternativas.

         Las consecuencias de estas medidas, sumadas a las adoptadas con anterioridad por el gobierno central y el autonómico, suponen un deterioro inadmisible del sistema público de salud. Tampoco podemos obviar la situación en la que pueden quedar los trabajadores/as de la Comunidad que se ocupan de los servicios no sanitarios, y del personal sanitario de los hospitales que pasan a ser 100% gestión privada. La privatización de estos servicios básicos va a suponer por un lado un descenso en la calidad de la sanidad, y por otro un nuevo recorte del sector público que beneficia exclusivamente a los intereses especulativos de las empresas privadas que gestionen estos servicios.

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto se propone lo siguiente,

 

MOCION

  1. Exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid la retirada de las medidas contempladas en el proyecto de Presupuestos que afectan a la sanidad pública, y en concreto las referidas al euro por receta, la privatización total de cualquier hospital, la externalización del 10% de los centros de salud, la privatización de los servicios no sanitarios, y la conversión de los hospitales de La Princesa y Carlos III en centros para mayores y largas estancias.
  2. Defender el carácter Público, Universal, Gratuita y Solidario de nuestro sistema de salud. La Sanidad como un derecho humano, y no como una prestación sujeta a poder ser privatizada.
  3. Que el Ayuntamiento de Fuenlabrada realice todas las actuaciones necesarias para la preservación del servicio público de Salud y no se produzca merma alguna en la calidad de sus prestaciones.
  4. Que el Ayuntamiento de Fuenlabrada apoye cuantas iniciativas se promuevan por parte de los diferentes colectivos y asociaciones para defender nuestro sistema público de Sanidad.