El PSOE lleva a Europa su “profunda preocupación” por una Reforma Local que va a “deteriorar gravemente la vida de miles de ciudadanos”

Gaspar Zarrías advierte de la “fractura en el empleo público” que va a provocar y que, de hecho, “ya ha supuesto la pérdida de 300.000 empleos” en ese sector

Manuel Robles ha formado parte de la delegación encabezada por Gaspar Zarrias que ha acudido a Bruselas para “trasladar a las instancias europeas” su “profunda preocupación” por el proyecto de ley de reforma local.

Manuel Robles visita Bruselas

El Secretario de Ciudades y Política Municipal, Gaspar Zarrías, acompañado de un grupo de alcaldes socialistas de la FEMP –incluido su vicepresidente, Abel Caballero-, han acudido a Bruselas para “trasladar a las instancias europeas” su “profunda preocupación” por el proyecto de ley de reforma local, que previsiblemente verá la luz a final de mes, y que “modifica el papel de las instituciones locales en nuestro país para los próximos años”.

En una rueda de prensa celebrada en Parlamento Europeo, Gaspar Zarrías ha criticado que el Gobierno pretenda un cambio de modelo territorial que “aleje a los ciudadanos de su institución más cercana”, pues “desapodera a los ayuntamientos a la hora de prestar servicios en una situación de especial dificultad” debido a la crisis y, en consecuencia, “supone un grave deterioro para centenares de miles de ciudadanos en nuestro país”.

Lamentó que, pese a tratarse de una “reforma profunda que necesitaría más que ninguna otra cosa consenso”, pues afecta a 8.116 ayuntamientos, a diputaciones provinciales y a organismos insulares; el texto del PP haya generado “un amplísimo consenso en contra de todo el arco parlamentario, que lo rechaza de forma clara y contundente”.

Un proyecto de ley “basado en mentiras”

Para Zarrías el proyecto de ley “está basado en mentiras. Fundamentalmente dos: no evita duplicidades administrativas, ni simplifica las estructuras, ni clarifica competencias. Y por otra parte, no supone ni mucho menos el ahorro de 8.000 millones de euros que plantea el Gobierno”.

Recordó que ya el Comité de las Regiones rechazó esta ley en un documento que fue aprobado por unanimidad y que apoyaron los representantes del PP, como el presidente de Murcia, máximo responsable entonces del Comité.

Esa posición negativa –explicó- se basó en que consideraban que el texto “violaba claramente la Carta de Autonomía Local” y que provocaría “un desmantelamiento gravísimo de los servicios sociales públicos de proximidad”.

Por ello, anunció que van a plantear que el Comité de las Regiones “redacte un informe, en el que de nuevo se posicione claramente en contra” de esta norma que –afirmó- “significa un nuevo ataque al Estado del Bienestar, en este caso en el tronco de los ayuntamientos españoles que son los únicos que han cumplido con los objetivos de déficit y deuda” y que “se hace simple y llanamente por razones ideológicos para desapoderar a las administraciones más cercanas a los ciudadanos y que prestan los servicios fundamentales en el día a día”.
A ello se suma, -tal y como Zarrías y la delegación socialista han trasladado a los representantes de la Comisión de Empleo y de Política Regional con los que se han reunido- la “fractura en el empleo público de nuestro país” que va provocar y que, de hecho, “ya ha supuesto 300.000 empleos menos en el sector público local” según los datos oficiales del propio Gobierno.

Abel Caballero

Por su parte, el vicepresidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, afirmó que “es inadmisible que se pretenda cargar sobre los ayuntamientos la responsabilidad de las dificultades financieras que padecen otras administraciones”.

“Nosotros esperábamos que, en el actual momento de crisis, la reforma de la ley de administración local fuera en la dirección diametralmente opuesta a la que está llevando”, pues “jugamos un papel puente, de unión con los ciudadanos”, y que “se nos permitiera mayor capacidad para prestar las políticas sociales que ya prestamos, no solo porque sea nuestra obligación, sino también cuando otras administraciones se retiran y las dejan sin cubrir”.

“La ley marcha en la dirección contraria, va a cortar competencias y servicios que prestamos los ayuntamientos, singularmente toda la política de bienestar, que pasará a ser de las CCAA y que mucho nos tememos que en gran medida se va a dejar de prestar”. A ello se suma –explicó- que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes (alrededor de 7.000) “se van a quedar prácticamente sin competencias”.

El resultado de esta “ilógica descentralización al revés” es que habrá “peores servicios, privatizados, que los ciudadanos tendrán que pagar de forma singularmente más elevada y que, como no se van a poder repercutir en su totalidad a los ciudadanos –que no los podrán asumir el incremento de los costes- significará más déficit en los ayuntamientos”, concluyó Caballero.